Mayo de 2011, las plazas de las
ciudades y pueblos de España se llenan de ilusión y esperanza ante una
población que despierta y pide un cambio. Los ciudadanos comienzan a
organizarse en torno al 15M para construir comúnmente nuevas alternativas que
mejoren su situación, hasta que topan con la realidad y chocan con una
estructura de poder, en forma de políticos y de Constitución, que impide que estas
nuevas ideas puedan ser desarrolladas en el Parlamento y ser efectivas.
Ante esta situación, dentro del
propio 15M, comienzan a organizarse las Asambleas Constituyentes, espacios de
debate y construcción de un nuevo contexto constituyente que, según Federico
Noriega, miembro de la asamblea de Sevilla, “cambie las normas de juego y
asegure la participación ciudadana en la política”. Con este espacio creador,
los constituyentes pretenden sortear los obstáculos que las mayorías
parlamentarias interponen a la hora de llevar a trámite las Iniciativas Legislativas
Populares (ILP) o su reticencia a la hora de usar los referendos como método de
consulta popular, entre otros, siempre con el objetivo final de asegurar la
participación del pueblo en la toma de decisiones.
El catedrático de Derecho
Constitucional en la
Universidad de Valencia, Roberto Viciano, argumentó en la
presentación del libro Por una asamblea
constituyente el pasado 5 de junio en Sevilla que, “el sustento de la Constitución
Españolala Constitución
sólo se puede cambiar desde la política”. Según Viciano, esto muestra el recelo
a la participación democrática que lleva implícita la Constitución
Españolala Constitución ”, en
lugar de ser una obra común de toda la sociedad española.
Pero este proceso de delegar en
unos privilegiados el derecho y deber de una sociedad entera no es casual. La Constitución de 1978
y la Transición
en sí, vista después de los años y a través de personas que no formamos parte
de ella, no fue una construcción popular de una nueva realidad, como pretenden hacer
los nuevos constituyentes, sino la adaptación a un nuevo tiempo del régimen
franquista. Según el catedrático de Periodismo de la Universidad de
Sevilla, Ramón Reig, “la
Transición es un proceso lampedusiano (por el Gato Pardo de
Giuseppe de Lampedusa), donde se cambia todo para que todo sigue igual”. Cambió
el sistema de una dictadura a un sistema parlamentario, que no es poco, pero en
la ya mencionada estructura de poder seguían impasibles los mismos jueces, las
mismas cúpulas militares y policiales, las mismas élites económicas… y también
el paternalismo político y su idea de “es mejor que yo decida por ti”.
Es por esto por lo que cada son
más la personas que piden un nuevo marco político en España que suponga, no
sólo un cambio de partidos, sino una nueva forma de participar en las
decisiones que dirigen la sociedad, una nueva forma de interacción entre
ciudadanos e instituciones. Durante los últimos tiempos, movimientos
progresistas como Stop Desahucios o el sindicato SAT, con sus ocupaciones y
expropiaciones, están difuminando cada vez más la línea que separa lo legal de
lo legítimo, obligando a políticos, instituciones y ciudadanos individuales a
posicionarse dentro o fuera de la Constitución y el sistema que esta construye.
Esta intención podría haber sido interpretada hace pocos años como no sólo una
traición a la patria, en su sentido más faccioso, sino como un atentado contra
el buen convivir de los españoles normales y corrientes de todas las clases
sociales. Hoy, después de que el ciudadano haya sido testigo de cómo en agosto
de 2011 los dos principales partidos políticos modificaban la Constitución sin
consultar al Parlamento ni a la ciudadanía, sino a instancia de intereses
extranjeros, después de ver cómo los derechos recogidos en la Carta Magnala
Constitución no es una osadía, sino una obligación. Por más
que la derecha mediática e institucional acuse a la fuerza progresista de
romper el pacto constitucional, la verdadera izquierda en estos momentos debe
de seguir por este camino, concienciando de que no es ella la que rompe el
Estado Social y de Derecho de 1978, sino que por el contrario, debe de proponerse
como punta de lanza en la lucha por reconstruir ese Estado hecho añicos a base
de decretos gubernamentales y a consta de nuestros derechos.
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