Aquí os dejo mi colaboración con la revista mejicana Desinformémonos, que será publicada próximamente
“Le voy a meter la tijera a todo,
salvo a las pensiones públicas, sanidad y educación”. Así se presentó el actual
presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, durante la campaña electoral
que precedió a su elección, cuando sólo era el candidato del Partido Popular
(PP). Hoy, poco más de un año después, el foco de la protesta social en España
se centra en combatir los recortes presupuestarios que el Ejecutivo aplica
tanto a la sanidad como a la educación pública, dos pilares básicos del, hasta
ahora, conocido como ‘Estado del Bienestar’.
Mientras que las protestas en
educación vienen acrecentándose desde hace más tiempo, concretamente durante
mediados del curso pasado, las movilizaciones en la sanidad están
experimentando un ascenso significativo durante el último mes. En este redoble
de reivindicaciones, manifestaciones y encierros, la Comunidad de Madrid,
también gobernada por el PP, se ha convertido en la avanzadilla tanto de las
políticas de recorte y privatizaciones en el sector, por parte de los gobernantes,
como en el epicentro mediático de resistencia de los trabajadores contra estas
políticas.
Este conflicto se puede concretar
en cifras cuando se observa que los presupuestos para esta comunidad autónoma
reflejan un descenso en la partida de sanidad de 1.000 millones de euros sobre
un total de algo más de 7.000 millones; se puede concretar en el caso
específico del Hospital Universitario de La Princesa , abanderado de las protestas; y, sobre
todo, se pueden poner nombres y apellidos a los intereses políticos-económicos
que existen en el “negocio de la
Sanidad ” entre sector público y privado.
Intereses en la
Sanidad
Para el Gobierno central y el
autonómico de la Comunidad
de Madrid, esta reducción del gasto en sanidad es esencial para el país, ya que,
según ellos, por una parte aporta estabilidad a los mercados financieros, a los
que España acude para financiar su deuda, mientras que a la vez ayuda a reducir
el déficit público, indispensable para cumplir la “regla de oro” marcada por la UE (el déficit no puede superar
el 3% del PIB, ni la deuda el 60%). Por su parte, tanto la Coordinadora de
Hospitales de Madrid como la delegada del Sindicato de Auxiliares del Hospital
de La Princesa ,
María Luisa Báilez, apuntan a intereses económicos, tanto de empresas como de
particulares, como los causantes de los procesos de “externalización”, como los
denomina la Consejería
de Salud de Madrid.
Según la Coordinadora de
Hospitales, esta externalización de servicios, sería más bien una privatización
que está siendo manejada por las aseguradoras privadas Asisa, Sanitas, Adeslas,
Ribera Salud y Capio. Estas dos últimas entidades, manejan ya varios hospitales
construidos con dinero público. Capio controla la Fundación Jiménez
Díaz, Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles) y el Hospital de Collado Villalba.
Por su parte, Ribera Salud dirige el Laboratorio Clínico Central de San
Sebastián de los Reyes y, hasta hace unos, días el Hospital de Torrejón,
traspasado a otra de las entidades en liza, Adeslas.
Cuando observamos los motivos de
este cambio de gestión de Ribera Salud a Adeslas, comenzamos a poner sobre la
mesa nombres propios que relacionan el negocio de la sanidad, con el de las
finanzas y el de la política. Ribera Salud, participada al 50% por el Banco de
Sabadell y al 50% por Bankia, tuvo que dejar la gerencia del Hospital de
Torrejón por los problemas que atraviesa una de estas dos entidades
financieras, Bankia, formada, entre otras, por la antigua Caja Madrid y
rescatada con dinero público. Tanto Caja Madrid en su día, como Bankia, hasta
mayo de este año, fueron dirigidas por el exministro del PP y exdirector
gerente del FMI, Rodrigo Rato que, según María Luisa Báilez, es el máximo
accionista de Capio Sanidad, la otra entidad que comanda las privatizaciones. Según
explica Báilez, además de Rodrigo Rato, en el accionariado de Capio se
encuentran el marido de la expresidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, el marido de la presidenta de la Comunidad de Castilla La Mancha , María Dolores de
Cospedal, y otros miembros del PP. Ante acusaciones como esta, repetidas por
muchas personas a través de diversos canales, en la última semana Capio Sanidad
hizo público un comunicado en el que se desvinculaba de todos los políticos y
familiares de políticos citados anteriormente.
Aún así, resulta más claro que lo
anterior otro conflicto de interés en el caso y que en esta ocasión parte de la Dirección Generalesla Dirección Médicala Comunitat Valencianala
Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad de Ribera Salud
desde 1998.
Más allá de estos casos
concretos, la privatización en la sanidad de Madrid responde a una dinámica
propia del capitalismo que, tras el agotamiento de mercados, al no poder
extenderse a más países, pone en su punta de mira actividades que antes estaban
fuera del ámbito de los negocios como la sanidad y también la educación
La respuesta del sector sanitario y el Hospital La Princesa
Ante los recortes presupuestarios
y los conflictos de intereses explicados antes, la comunidad sanitaria de
Madrid lleva un mes de protestas en las calles y en los centros sanitarios, que
tuvieron su culmen en una multitudinaria manifestación celebrada el domingo 25
de noviembre y con dos jornadas de huelga que, según los sindicatos, tuvieron
un 85% de seguimiento, una cifra, según la Comunidad de Madrid, muy inferior.
Durante todas estas
movilizaciones, el Hospital Universitario de La Princesa se ha convertido
en el estandarte de la lucha por la sanidad pública en Madrid. Este centro, que
presta servicios plenos, incluyendo urgencias, laboratorios, docencia, etc.
quería ser remodelado por la
Comunidad de Madrid para convertirlo en un centro
especializado en personas mayores. Según la delegada del Sindicato de
Auxiliares del hospital anteriormente citada, esto supondría un deterioro tanto
de la atención sanitaria de los pacientes, como la pérdida de empleo para la
práctica totalidad de los profesionales que trabajan en La Princesa. Así
Para intentar doblegar estas
medidas, los trabajadores de La
Princesa llevan encerrados ininterrumpidamente en el salón de
actos del Hospital desde el 2 de noviembre, mientras que, junto a una
plataforma de usuarios recientemente creada, se han movilizados para aumentar
los apoyos a la causa. Estos apoyos se han concretado en las 368.008 firmas que
entregaron en el gobierno regional el pasado 19 de noviembre, apoyos que siguen
aumentando hoy y que se expanden como otros países como Inglaterra o China.
Con todo ello, las movilizaciones
en La Princesa
han conseguido que los recortes de 51 millones de euros previstos para su
centro, se reduzcan a 20,6 y se mantengan los mismos servicios que se venían
ofreciendo hasta la fecha. A pesar de ello sus trabajadores aseguran que no
cesarán su lucha hasta que este anteproyecto de ley se convierta en vinculante
y tenga su reflejo en los presupuestos ya que, según sus palabras, “la sanidad
no puede ser un negocio más, es un derecho que no se le puede quitar al
pueblo”.
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